El país completó en 2017 su cuarto año de desaceleración. La expectativa es que, en 2018, el aparato productivo muestre una senda de recuperación sostenida.
El ministro Mauricio Cárdenas, al reaccionar a las cifras de crecimiento del tercer trimestre de 2017, dijo que la economía había empezado una senda de recuperación definitiva.
Eso es lo que se deberá constatar en 2018. Son muchas las dudas al respecto, pues nadie sabe con certeza de qué sectores vendrá el impulso sostenido para llevar a la economía a crecimientos por encima de 4%. El agro, el turismo, el sector financiero y los servicios sociales han mostrado buenas cifras.
Sin embargo, otros sectores clave, como la industria, la construcción y las exportaciones siguen defraudando. Se espera que las vías de 4G, la reducción de tasas de interés del Banco de la República y el sector exportador despierten pronto para que la economía encuentre su rumbo hacia el mayor crecimiento.
Otra duda que queda en el ambiente sobre el futuro económico es cómo va a cerrar Colombia su déficit de cuenta corriente, si los sectores exportadores apenas están tomando impulso, a pesar de que llevamos casi tres años de una devaluación importante en el tipo de cambio.
Ese es para las autoridades el último hueco que debe cerrar la economía colombiana para consolidar su plan de ajuste.
Insolvencia: nuevas reglas
Entre las tareas que adelantará la Superintendencia de Sociedades está la reglamentación de la ley de insolvencia. El superintendente, Francisco Reyes, también quiere dar un nuevo impulso a la reforma al régimen legal de las sociedades que siempre ha pretendido la extensión de algunas de las reglas a los tipos de sociedad regulados en el Código de Comercio. Por ejemplo, reformas a la sociedad por acciones simplificada; registro mercantil de las sociedades; reformas a las facultades de la Superintendencia de Sociedades y opresión de asociados minoritarios.
La entidad también está trabajando para que en el mediano plazo quede consolidada la recuperación de lo que se denominaría la “joya del la corona” en el proceso de DMG y es un lote ubicado en la Autopista Norte en Bogotá y que podría valer cerca de $100.000 millones, que servirían para reparar a la víctimas de la captación ilegal.
El súper seguirá haciendo seguimiento a procesos como Elite y Estraval para lograr recuperar recursos y antes de cerrar el primer semestre avanzar en la devolución de los mismos a las víctimas. También trabajará para mantener a la entidad en el primer lugar en transparencia, como lo ha hecho en los últimos tres años y para ello avanzará en la consolidación del sistema electrónico de administración de justicia, llamado expediente digital o justicia en línea.
Consulta a la consulta
El tema de consultas previas sigue estancado en el país. Este mecanismo, que obliga consultar la opinión de comunidades étnicas cuando los empresarios buscan desarrollar grandes obras de infraestructura vial y energética, o adelantar la explotación de los recursos mineros o petroleros en el país todavía no tiene las reglas claras de juego.
Rafael Mateus, director de la consultora Portex, insiste en la necesidad de aprobar una política clara en el tema, que beneficie tanto a las comunidades como a los empresarios, pues la idea es no frenar el desarrollo del país.
Aunque hace un año el Ministerio del Interior presentó un proyecto de Ley para definir de una vez por todas las reglas de juego que mejoren el relacionamiento entre promotores de las obras y las comunidades –afrodescendientes, indígenas o población gitana– que pudieran afectarse con estos proyectos, la propuesta ha tenido tal nivel de cambios que muchos creen que podría terminar hundido.
El plazo para la aprobación de esta ley es junio de 2018. Hasta el momento no han terminado las rondas de consultas que dejen tranquilas a las comunidades y ni siquiera se ha nombrado ponente para comenzar la discusión en el Congreso. Mientras esto ocurre, en 100 municipios se ha convocado movilizaciones para prohibir la minería y avanzan los litigios de consultas populares y acuerdos municipales para impedir actividades extractivas, lo cual pone al Gobierno en una situación compleja pues buena parte del presupuesto público depende de las regalías que se generan de estas explotaciones.
Temor por la calificación
Entre 1999 y 2011, Colombia perdió su grado de inversión; es decir, el rótulo que les ponen las calificadoras de riesgo a los países donde es confiable invertir. Desde entonces dicha evaluación ha venido mejorando, pero las alarmas están encendidas. Las preocupaciones están por el lado de las finanzas públicas, pues se teme que, en medio de un año electoral y con un lento crecimiento, en 2018 el país no pueda cumplir con las metas de la regla fiscal, las cuales imponen un recorte del déficit presupuestario de un estimado de 3,6% del PIB este año a 2,2% para 2019. Si bien el gasto público se viene recortado, con una caída de 3% real en el presupuesto general de la Nación de 2018 frente al de 2017, no se sabe si será suficiente para cumplir la regla fiscal. Además, existen dudas sobre la recuperación del crecimiento. Las calificadoras ya han manifestado sus temores ante propuestas de algunos candidatos presidenciales con respecto a flexibilizar la regla fiscal.
Un nuevo sisbén
El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es una herramienta clave en la asignación de recursos de protección social a las personas más desvalidas de Colombia. Sin embargo, esta enorme bases de datos tiene muchos problemas, pues se estima que el sistema tuvo casi 650.000 ‘colados’; esto significa, personas que cuentan con ingresos suficientes para garantizarse un buen nivel de vida y, aún así, aparecen mal categorizadas, lo que las vuelve objeto de subsidio del Gobierno.
Ya se inició un proceso de depuración que redujo los colados a sólo 98.000 personas. Obviamente, la meta es que sean cero. El Gobierno está diseñando el Sisbén IV mediante un barrido de información por todo el país, de la mano de las entidades territoriales. Para ello serán invertidos cerca de $132.000 millones.
Volatilidad a la vista
La elección del nuevo presidente de la Reserva Federal, que comenzará su mandato en febrero, sumada a posibles avances en la reforma fiscal que quiere ejecutar Donald Trump en su país, serán algunos de los factores que muevan la brújula cambiaria del año entrante. Se espera que el reemplazo de Janet Yellen al mando del principal banco central del mundo implique continuidad en las políticas monetarias (con un proceso de alza en las tasas de interés) y que la reforma tributaria ayude a que la economía estadounidense mantenga su ritmo de crecimiento, lo que favorece al dólar.
Al mismo tiempo, la posibilidad de que el País Vasco, al igual que Cataluña, realice un referéndum de independencia y que la OPEP anuncie en su Comité Ordinario Semestral la prolongación del acuerdo de recorte de producción, que finaliza en marzo de 2018, son factores que aumentan la volatilidad del billete verde, que en el primer caso puede funcionar como activo refugio, impulsándose al alza, y en el segundo puede perder valor ante el mayor atractivo de activos como el petróleo. En el caso de Colombia, la expectativa de los expertos que consultan mes a mes Latin Focus Consensus indica que la tasa de cambio cerrará 2017 en $3.021 por dólar y 2018 en $3.053; es decir, una devaluación mínima.
Acotar el gasto
Una de las tareas pendientes por parte del Estado colombiano es revisar su estructura de gasto. Para ello se conformó la Comisión del Gasto, en la que fueron escogidos los expertos Roberto Junguito Bonnet, Jorge Iván González, Juan Manuel Charry, Raquel Bernal Salazar, Juan Carlos Henao Pérez y Marcela Meléndez Arjona. Los resultados del análisis deberán ser revelados a comienzos de 2018, cuando la Misión informará sus conclusiones.
La misión deberá plantear propuestas de reformas al estatuto presupuestal de Colombia o, de ser necesario, a normas constitucionales que definan rubros específicos, como el famoso sistema general de participaciones. Así mismo, se mirarán los otros temas importantes asociados, como el gasto en defensa, en justicia y en salud. Es un tema gordo de debate para el próximo año.
Un gran sinsabor
La obesidad seguirá dando de qué hablar, así como las acciones que se realizan para controlarla. Es por esta razón que la regulación en materia de alimentos abrirá un debate enorme en 2018, pues las cifras de esta enfermedad en el país son poco halagadoras, siendo la población infantil altamente afectada. Estadísticas indican que 17% de quienes tienen entre 5 y 17 años tienen exceso de peso.
En la agenda en torno al tema continuará la campaña emprendida por Red Papaz, que busca que tanto los menores como los padres no coman cuento en torno a los alimentos que se consumen. Por el lado del Gobierno, las carteras de Salud y Comercio han liderado el debate. Actualmente hay casi una decena de proyectos en el Congreso. Uno de ellos es impulsado por las organizaciones Food First Information and Action Network y Educar Consumidores, y busca que se adopten medidas para el control de la obesidad y sus enfermedades derivadas. Otro, por ejemplo, pretende que el Gobierno regule la publicidad directa e indirecta de estos productos que terminan en las manos de los niños y adolescentes como resultado de estrategias de marketing. Sin duda, será uno de los debates más fuertes de 2018.
Corriente para la costa
El pasado 29 de noviembre, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la banca de inversión Lazard y la firma de abogados Brigard & Urrutia entregaron al agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra, el informe con el diagnóstico detallado, el plan de acción y las recomendaciones para definir el futuro de la compañía y garantizar las inversiones que mejoren la calidad.
El agente tiene un mes para pronunciarse, tiempo que correría, al parecer, luego de que el Gobierno analice el informe y tome decisiones, si es necesario, para avanzar en la fase de implementación. Por ejemplo, algunos analistas advierten frentes como el regulatorio y el tarifario en los que el Ejecutivo podría hacer cambios para llevarlos al nuevo modelo, aunque esto podría pesar en la demanda internacional de Gas Natural Fenosa –socio mayoritario de Electricaribe–, pues fueron temas que solicitó al país.
Si bien Electricaribe ha logrado mantener el servicio y se han asegurado recursos para su operación en el futuro inmediato, es clave definir el modelo que le dé viabilidad. Más allá del número de jugadores que podrían atender ese mercado o la posibilidad de dividirlo, es fundamental garantizar no solo el pago por el activo sino asegurar las inversiones que se requieren en la región.
La novela de la inflación
Los choques de oferta sacaron la inflación del rango objetivo del Banco de la Republica (2% – 4% anual) desde 2015. Sin embargo, los impactos por la devaluación de la tasa de cambio, el Fenómeno de El Niño y el paro de los camioneros se han ido diluyendo en 2017. En consecuencia, la inflación y las expectativas aceleraron la convergencia a ese rango en el segundo semestre del año. Por eso, el promedio de los pronósticos de los analistas para el final del año es 3,95%, ya dentro del rango meta.
Para 2018 se espera una convergencia más rápida, en la medida en que los efectos del aumento de la tarifa general del IVA a 19%, de la indexación de los precios y del incremento del salario mínimo de 2017 se desvanezcan. Por estas razones, en promedio los analistas esperan que la inflación termine en 3,49% en 2018.
Con estas menores presiones al alza, con un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos más estrecho y con una ampliación de la brecha del producto, los analistas predicen que la tasa del Emisor descendería hasta 4,50% en 2018, desde el 4,75% en que se encuentra actualmente. Ese es un panorama muy favorable.
El año electoral
Como cada cuatro años, los colombianos tendrán que elegir en 2018 nuevo Presidente, senadores y representantes a la Cámara. Esto implica un cambio de rumbo en la política. Por esta razón, los periodos electorales implican incertidumbre para los actores económicos. En esta oportunidad hay una de mayor importancia: el paquete de reformas que debe adelantar la nueva administración implica enormes desafíos políticos. De entrada, muchos consideran que se hace necesario otra reforma tributaria y un ajuste al sistema pensional. A esto se le suma la necesidad de encarar reformas que ayuden al país en materia de competitividad. La pregunta que muchos se hacen es si el nuevo Presidente y los nuevos legisladores tendrán el talante para sacar adelante estas medidas de ajuste poco populares.
La paz esquiva
Aunque dicen que después de la tempestad viene la calma, en Colombia las aguas de la paz siguen tormentosas. Después de una larga negociación con la guerrilla de las Farc para poner fin a un conflicto de casi 60 años, en diciembre de 2016 se firmó el acuerdo y desde ese momento arrancó el proceso para ambientar la aprobación de las leyes que facilitarán la implementación del nuevo escenario de paz. Sin embargo, la discusión política en 2017 fue tan tortuosa que el pasado 30 de noviembre, último día del Fast Track –el proceso legislativo especial para tramitar ágilmente los proyectos que desarrollan los acuerdos de paz de La Habana– se mantuvieron los enfrentamientos entre el ejecutivo y el legislativo.
El balance final muestra que solo se lograron aprobar 9 proyectos de los acordados, pero de ellos, dos serán fundamentales: el que crea la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el que permite la participación política de ex militantes de las Farc. Para 2018 el escenario no luce muy despejado, por cuenta de la agitación que se anticipa por las elecciones presidenciales y del Congreso, pues algunos expertos ya mencionan inquietud por el incumplimiento de los acuerdos. Pero también será necesario evaluar el impacto del proceso de paz en el campo de la inversión y las obligaciones internacionales del país.
¡A ganar campo!
El agro colombiano ha mostrado un importante repunte en los últimos meses. Las cifras de crecimiento de la economía así lo ratifican, pues es uno de los sectores que más ha crecido. Productos tradicionales como café, banano y flores se han visto favorecidos por las nuevas condiciones de tasa de cambio y las buenas cosechas en varios cultivos. A esto se le suma la aparición de productos clave como el aguacate, la piña y otros frutos que ya están, inclusive, ganando terreno en los mercados internacionales. Sin embargo, son muchos los interrogantes que siguen vigentes sobre la situación actual y futura de este importante segmento de la economía nacional.
La competitividad y rentabilidad del sector siguen siendo una preocupación importante para los empresarios de esta industria. Además, los evidentes problemas por cuenta de la incertidumbre sobre la propiedad de la tierra y su titulación hacen que para muchos aún no sean claras las reglas del juego. En este sentido, la expectativa está en torno a la Ley de Tierras, cuyo trámite apenas va en la consulta previa. Lo que el país logre en este frente será definitivo para estructurar la estrategoa y consolidar los resultados favorables.
Expectativa por el crudo
El precio del petróleo seguirá en el centro del debate económico en 2018. Lo que ocurra con este producto tendrá impacto directo sobre las finanzas de la principal empresa del país, Ecopetrol, y en consecuencia, en el estado general de las finanzas públicas y la economía en general. Si bien el crudo se encuentra aún en niveles bajos frente a los que llegó a registrar en épocas del auge (más de US$100 el barril), el precio de este producto ha mostrado una recuperación importante en los últimos meses y se encuentra prácticamente al doble de la cotización que tuvo hace un par de años, cuando el mercado tocó un fondo cercano de los US$30 el barril.
Por eso la expectativa que hay es hasta dónde llegará el ascenso en la cotización del crudo o si, por el contrario, estos niveles actuales de precio son el nuevo techo para el mercado.
Lo que sí es cierto es que el cambio en el mercado es estructural, pues Estados Unidos se ha convertido en un actor importante de la industria, gracias a sus hallazgos de nuevos yacimientos. Ese factor, la productividad petrolera del mercado norteamericano, condiciona la senda de precios de este importante producto. Lo otro que marcará la agenda es la negociación de una nueva convención colectiva en Ecopetrol. En un escenario de alta tensión laboral por cuenta del paro en Avianca, vale la pena preguntarse cómo saldrá este proceso.
Fuente: Dinero
